Las EDES (Edenorte, Edesur y Edeeste) bajo la lupa por denuncias de usuarios y contratistas

 NDIGITALCOTUI

Hay problemas que uno escucha tantas veces que termina preguntándose si realmente alguien está prestando atención. Eso está pasando con las denuncias sobre determinadas prácticas en el sistema de distribución eléctrica, especialmente en el trabajo de campo que realizan empresas contratistas.

El Gobierno tiene bajo su responsabilidad la distribución de la energía eléctrica, pero buena parte de las labores de instalación, revisión y supervisión se ejecutan a través de contratistas. Son sus trabajadores quienes llegan a los barrios, entran en contacto con los usuarios y, en muchos casos, tienen la última palabra sobre una conexión, una reclamación o una supuesta irregularidad.

Y ahí es donde está el problema.

Desde hace meses se escuchan denuncias en medios de comunicación y redes sociales sobre trabajadores que, presuntamente, realizan conexiones clandestinas o cobran grandes cantidades de dinero para resolver situaciones que deberían manejarse por los canales oficiales.

No estoy diciendo que todos los trabajadores de campo de los contratistas sean corruptos. Sería una injusticia y una irresponsabilidad afirmarlo. Pero tampoco podemos hacernos los sordos ante tantas denuncias que vienen de ciudadanos comunes, personas que muchas veces no tienen otra herramienta que contar públicamente lo que les ocurre.

El asunto se vuelve todavía más preocupante cuando aparecen facturas que el usuario considera inexplicables. Hay personas que aseguran haber recibido montos muy superiores a los habituales, que superan la lógica, incluso en momentos en que han sufrido interrupciones frecuentes del servicio.

Entonces comienza el calvario.

El ciudadano va a la oficina de la distribuidora, presenta su reclamación y espera que alguien revise el caso. La queja termina en manos de personal de campo que debe comprobar el consumo o las condiciones del servicio.

Y aquí aparece una pregunta que no podemos seguir esquivando: ¿quién supervisa al supervisor?

Porque si la misma estructura que debe detectar las irregularidades es la que termina investigándolas, el usuario puede quedar atrapado en un círculo del que parece imposible salir.

Cuando la reclamación es rechazada, muchos recurren a PROTECOM buscando una respuesta. Pero si allí tampoco encuentran solución, queda una sensación terrible: la de que nadie está realmente del lado del ciudadano.

Eso es lo más peligroso de todo.

 No solo se afecta al usuario. También se perjudica la imagen del Gobierno y de las distribuidoras. El ciudadano no anda preguntando si quien lo atendió pertenece a la empresa pública o a una contratista. Para él, todos forman parte del mismo sistema.

Por eso hace falta una investigación seria. Sin persecuciones, pero también sin complicidades. Revisar contratos, procedimientos, conexiones, facturaciones, reclamaciones rechazadas y, sobre todo, la actuación de quienes trabajan directamente en las calles.

La electricidad no es un lujo. Es un servicio esencial y el ciudadano tiene derecho a recibirlo y a reclamar cuando considera que algo no está bien, en especial en una nación en donde los salarios son de miseria y la clase media anda desesperada por el aumento de costo de la vida.

Si las denuncias son falsas, que se demuestre. Pero si existe corrupción y falta de atención a las quejas de los clientes, que se investigue y se castigue.

Porque no hay nada más peligroso para una institución que un ciudadano convencido de que reclamar no sirve de nada.

 

Los debates: ¿soluciones o puro marketing político?

 Los debates: ¿soluciones o puro marketing político?

NDIGITALCOTUI, RD. A estas alturas, resulta difícil sostener que la República Dominicana no sabe cuáles son sus principales problemas. La mayoría están identificados, estudiados y discutidos desde hace años. Lo que muchas veces ha faltado no es diagnóstico, sino voluntad para tomar decisiones y capacidad para construir los acuerdos necesarios.

Hay problemas que podrían resolverse con recursos relativamente modestos, pero que requieren organización, seguimiento y, sobre todo, decisión. Otros necesitan cambios legales importantes, como ocurre con la Seguridad Social, donde chocan intereses empresariales, financieros y sociales.

También hay soluciones que sencillamente requieren dinero. Y ahí aparece una de las grandes limitaciones del Estado: un presupuesto con un déficit que supera los RD$200 mil millones desde hace más de una década.

Todos los sectores políticos saben que el país necesita una reforma fiscal. El problema es que casi nadie quiere pagar el costo político de impulsarla. Y cuando un gobierno intenta hacerlo, la oposición encuentra razones para rechazarla y convertirla en un arma política. Lo curioso es que muchas veces quienes se oponen desde la oposición podrían defenderla cuando les corresponda gobernar.

Por eso, cuando observo algunos de estos debates, tengo la impresión de que estamos viendo más marketing político que búsqueda real de soluciones. Mucha exposición, buenos discursos y propuestas atractivas, pero poca disposición para asumir los costos de las decisiones difíciles.

La República Dominicana no necesita seguir descubriendo sus problemas. Necesita dirigentes capaces de ponerse de acuerdo, tomar decisiones y asumir el costo político de hacer lo que realmente necesita el país.

Jarabe para los danilistas

 La caída del gobierno de Danilo Medina (2018-2019)

Hay momentos en la política en los que el desgaste no ocurre de un día para otro. Se va acumulando lentamente, casi sin hacer ruido, hasta que termina reflejándose en la opinión pública y, finalmente, en las urnas. Eso fue precisamente lo que ocurrió en la República Dominicana entre 2018 y 2019.

Para entonces, el gobierno de Danilo Medina todavía exhibía importantes logros en áreas como la infraestructura, la educación y la seguridad ciudadana. El presidente seguía siendo una de las figuras mejor valoradas del escenario político, pero esa fortaleza ya no alcanzaba para proteger la imagen de muchos de sus principales colaboradores.

Las encuestas, los estudios de opinión y el ambiente que se respiraba en los medios de comunicación mostraban una realidad que iba ganando terreno: la confianza en el gabinete comenzaba a deteriorarse.

Percepción sobre los funcionarios verso Danilo

Uno de los aspectos más llamativos de ese período fue la diferencia entre la valoración del presidente y la de sus funcionarios.

Mientras Danilo Medina conservaba una imagen de cercanía con amplios sectores de la población gracias a iniciativas como las visitas sorpresa y al reconocimiento de programas como el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, muchos ministros y altos funcionarios eran percibidos como figuras distantes, poco accesibles y desconectadas de las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.

En numerosos estudios de opinión aparecía una crítica recurrente: el gobierno parecía haberse vuelto una estructura demasiado cerrada, con escasa capacidad para renovarse y responder al creciente reclamo de mayor transparencia.

 

El centro del debate: La corrupción

Si hubo un tema que marcó la conversación nacional durante esos años fue la corrupción.

Las repercusiones del caso Odebrecht, sumadas a otros cuestionamientos sobre el manejo de instituciones públicas, alimentaron una percepción de desconfianza que terminó afectando al conjunto de la administración.

El Barómetro de las Américas (LAPOP) correspondiente al período 2018-2019 reflejaba que una parte importante de la población consideraba que la corrupción era un problema ampliamente extendido en el Estado. A ello se sumaban diversos estudios nacionales que mostraban niveles muy bajos de confianza hacia la clase política y hacia quienes ocupaban posiciones de poder.

Más que los expedientes judiciales en sí, lo que parecía consolidarse era la sensación de que las investigaciones rara vez llegaban hasta las más altas esferas del gobierno, fortaleciendo la percepción de impunidad.

El mismo anillo

Mirando aquellos acontecimientos con la perspectiva que ofrece el tiempo, resulta claro que el deterioro de la imagen del gobierno no estuvo asociado exclusivamente al comportamiento de la economía ni a la ejecución de obras públicas.

Lo que comenzó a cambiar fue la percepción sobre la forma de ejercer el poder. Para muchos ciudadanos, el principal problema ya no era únicamente la gestión gubernamental, sino la permanencia de un mismo grupo dirigente, la falta de renovación y las crecientes dudas sobre la transparencia en el ejercicio de la administración pública.

Aunque varias políticas gubernamentales continuaban siendo bien valoradas, esos logros fueron perdiendo capacidad para contrarrestar el desgaste político que se acumulaba.

Ese clima de opinión terminó creando las condiciones para una alternancia que, meses después, se materializaría en las elecciones de 2020. Más que un cambio repentino, fue el desenlace de un proceso de desgaste que venía gestándose desde varios años atrás y que encontró en el período 2018-2019 uno de sus momentos decisivos.

 

El derrábame del crecimiento económico

 NDCOTUI

Cuando escuchamos que la economía dominicana creció un 4.5 % en el primer semestre del año, es fácil pensar que se trata de una cifra más. Sin embargo, detrás de ese porcentaje hay una realidad que puede sentirse en la vida cotidiana de las personas. Cuando una economía avanza, crece, aumentan las oportunidades para quienes buscan empleo, para los emprendedores que quieren expandir sus negocios y para las familias que aspiran a una mejor calidad de vida.

A lo largo de los años hemos visto que cuando el país mantiene un ritmo de crecimiento sostenido, sectores como el turismo, la construcción, las zonas francas, el comercio y la agricultura se dinamizan. Eso significa más inversión, más producción y, sobre todo, más puestos de trabajo. Cada nuevo empleo representa una familia con mayores ingresos, más capacidad de consumo y mejores posibilidades de salir adelante.

El crecimiento también envía una señal de confianza. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, suelen apostar por economías que ofrecen estabilidad y perspectivas positivas. Esa confianza se traduce en nuevas empresas, ampliación de las existentes y proyectos que generan riqueza y oportunidades para miles de dominicanos.

Otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido es el impacto en las finanzas del Estado. Cuando la economía produce más, también aumenta la recaudación de impuestos. Se reduce el déficit fiscal. Esto le da al Gobierno mayores recursos para invertir en metro, monorriel, carreteras, hospitales, escuelas, seguridad y programas sociales que benefician directamente a la población. Ese es un efecto del crecimiento del PIB.

 

Ahora bien, crecer no es suficiente. El verdadero éxito de una economía no se mide únicamente por el aumento del PIB, sino por la capacidad de transformar ese crecimiento en bienestar para la gente. De poco sirve que las cifras sean positivas si los salarios no mejoran, si el costo de la vida sigue aumentando o si muchas familias no sienten ese progreso en su bolsillo.

Por eso, el desafío no es solo mantener el crecimiento económico, sino lograr que sus beneficios lleguen a todos. Generar más empleos formales, fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, controlar la inflación e invertir con eficiencia en servicios públicos son pasos fundamentales para que ese 4.5 % se convierta en una mejora real en la calidad de vida de los dominicanos.

En definitiva, el crecimiento económico que hoy exhibe la República Dominicana es una buena noticia. Refleja una economía dinámica, con capacidad para atraer inversiones y crear oportunidades. Pero el verdadero triunfo será cuando ese crecimiento se traduzca en más bienestar, mayor equidad y mejores oportunidades para cada ciudadano, sin importar dónde viva o cuál sea su condición social.

Ahora bien, el crecimiento del Producto Interno Bruto siempre provocara un derrame positivo en los sectores sociales de una manera u otra. Si la riqueza de un país aumenta mayores serán las posibilidades para todos.

Cuba termina haciendo lo que juró que nunca haría

 Cuba resistió cuando cayó la Unión Soviética. Resistió cuando se derrumbó el Muro de Berlín. Resistió cuando China decidió enriquecerse sin abandonar el Partido Comunista. Resistió incluso cuando Vietnam tomó el mismo camino.

Ahora la realidad la alcanzó.

La economía cubana está exhausta. La producción no despega, la escasez se volvió parte de la vida diaria y el dinero externo ya no alcanza para sostener el modelo. Después de décadas defendiendo la planificación centralizada, La Habana empieza a abrir puertas que durante años mantuvo cerradas con candado.

No hablan de capitalismo. Tampoco de abandonar el socialismo. Pero los hechos pesan más que los discursos.

Entre las medidas anunciadas aparecen la apertura a la banca privada, libertad a las casas de cambio y operadores privados de remesas. Se permitirá abrir cuentas en divisas con menos restricciones y se crean mecanismos cambiarios más cercanos a los de una economía de mercado.

Las empresas privadas ganan espacio. Las grandes compañías podrán crecer, contratar más personal y participar en sectores que antes estaban reservados al Estado.

También llegan cambios en las empresas públicas. Algunas podrán convertirse en sociedades por acciones y abrirse a la participación privada. Otras recibirán más autonomía para tomar decisiones sin esperar órdenes desde arriba.

Los controles de precios, una de las banderas históricas del modelo, empiezan a retirarse. El Gobierno admite de forma implícita algo que los cubanos conocen desde hace años: los precios fijados por decreto no llenan los estantes.

Los subsidios generalizados también entran en revisión. La ayuda estatal ya no sería para todos, sino para quienes el Gobierno considere más vulnerables.

Turismo, servicios y otras áreas estratégicas recibirán mayor presencia de inversionistas privados.

Hace apenas unos años muchas de estas medidas habrían sido calificadas como concesiones al capitalismo. Hoy son presentadas como necesarias para evitar un colapso mayor.

La pregunta ya no es si Cuba se parece cada vez más a China o Vietnam. La pregunta es cuánto tiempo tardará en parecerse aún más.

 

 

Endeudamiento y déficit fiscal:15 años de brecha presupuestal

Desde hace más de 15 años, el Gobierno dominicano mantiene un déficit presupuestario superior a los 200,000 millones de pesos anuales. Este déficit ha sido cubierto mediante endeudamiento externo y la emisión de bonos en el mercado interno.

Durante la gestión del expresidente Leonel Fernández, y mediante consenso entre las principales fuerzas políticas del país, se estableció en la Estrategia Nacional de Desarrollo el compromiso de impulsar una reforma fiscal integral. Esta reforma debía abordar tanto los ingresos que recibe el Estado como la forma en que se ejecuta el gasto público.

Sin embargo, hasta la fecha únicamente se han implementado reformas tributarias enfocadas en aumentar los ingresos, sin realizar cambios significativos en la estructura del gasto. Además, dichas reformas han sido aprobadas utilizando las mayorías legislativas de los gobiernos de turno, debido a la negativa de la oposición a respaldarlas.

En este contexto, un senador de la oposición ha sometido diversas iniciativas legislativas que afectarían los ingresos del Estado. Aunque estas propuestas pueden generar simpatía y aplausos entre determinados sectores del electorado, su aplicación aislada provocaría una reducción considerable de los ingresos gubernamentales, aumentando el déficit fiscal y, en consecuencia, la necesidad de endeudamiento. Esto ampliaría aún más la brecha fiscal y en el endeudamiento externo que el senador tanto critica.

Lo que necesita la República Dominicana no son medidas aisladas ni propuestas de carácter demagógico orientadas a obtener beneficios políticos inmediatos, sino una reforma fiscal profunda e integral que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Actuar de manera contraria representa una muestra de irresponsabilidad por parte de la clase política.

A pesar de la necesidad de dicha reforma para corregir el déficit estructural del Gobierno, todo parece indicar que el presidente Luis Abinader dejará esta tarea para la próxima administración. Entre las razones se encuentra la falta de consenso político, ya que la oposición difícilmente respaldaría una reforma de esta naturaleza. Además, la cercanía del período electoral hace que los costos políticos de una reforma fiscal sean elevados en el corto plazo, situación que podría ser aprovechada por los adversarios políticos.

Ante la realidad de un elevado déficit fiscal y la incapacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos que permitan reformar el sistema tributario y racionalizar el gasto público, el país corre el riesgo de continuar dependiendo del endeudamiento como principal mecanismo de financiamiento. Mantener esta tendencia de manera indefinida podría comprometer la estabilidad económica y fiscal de la República Dominicana en el futuro.

 

 

 

  

Más de 15 años de déficit: la bomba fiscal que la política dominicana sigue posponiendo

Desde hace más de 15 años, el Gobierno dominicano mantiene un déficit presupuestario superior a los 200,000 millones de pesos anuales. Este déficit ha sido cubierto mediante endeudamiento externo y la emisión de bonos en el mercado interno.

Durante la gestión del expresidente Leonel Fernández, y mediante consenso entre las principales fuerzas políticas del país, se estableció en la Estrategia Nacional de Desarrollo el compromiso de impulsar una reforma fiscal integral. Esta reforma debía abordar tanto los ingresos que recibe el Estado como la forma en que se ejecuta el gasto público.

Sin embargo, hasta la fecha únicamente se han implementado reformas tributarias enfocadas en aumentar los ingresos, sin realizar cambios significativos en la estructura del gasto. Además, dichas reformas han sido aprobadas utilizando las mayorías legislativas de los gobiernos de turno, debido a la negativa de la oposición a respaldarlas.

En este contexto, un senador de la oposición ha sometido diversas iniciativas legislativas que afectarían los ingresos del Estado. Aunque estas propuestas pueden generar simpatía y aplausos entre determinados sectores del electorado, su aplicación aislada provocaría una reducción considerable de los ingresos gubernamentales, aumentando el déficit fiscal y, en consecuencia, la necesidad de endeudamiento. Esto ampliaría aún más la brecha fiscal que enfrenta la economía dominicana.

Lo que necesita la República Dominicana no son medidas aisladas ni propuestas de carácter demagógico orientadas a obtener beneficios políticos inmediatos, sino una reforma fiscal profunda e integral que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Actuar de manera contraria representa una muestra de irresponsabilidad por parte de la clase política.

A pesar de la necesidad de dicha reforma para corregir el déficit estructural del Gobierno, todo parece indicar que el presidente Luis Abinader dejará esta tarea para la próxima administración. Entre las razones se encuentra la falta de consenso político, ya que la oposición difícilmente respaldaría una reforma de esta naturaleza. Además, la cercanía del período electoral hace que los costos políticos de una reforma fiscal sean elevados en el corto plazo, situación que podría ser aprovechada por los adversarios políticos.

Ante la realidad de un elevado déficit fiscal y la incapacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos que permitan reformar el sistema tributario y racionalizar el gasto público, el país corre el riesgo de continuar dependiendo del endeudamiento como principal mecanismo de financiamiento. Mantener esta tendencia de manera indefinida podría comprometer la estabilidad económica y fiscal de la República Dominicana en el futuro.

 

El gran desafío de Leonel Fernández

 En política, ser conocido no siempre es una ventaja. Hay líderes que pasan años intentando que la gente los conozca, pero existe un problema mucho más difícil: que una parte importante de la población ya tenga una opinión negativa sobre ti y no esté dispuesta a cambiarla.

Eso es lo que los expertos llaman "voto de rechazo". No se trata de que una persona esté indecisa o quiera escuchar propuestas. Es algo más profundo: es cuando alguien simplemente decide que no votará por un candidato en ninguna circunstancia.

Y ese parece ser uno de los principales obstáculos que enfrenta Leonel Fernández.

Nadie puede negar que es una de las figuras más importantes de la política dominicana de las últimas décadas. Tiene experiencia, una estructura partidaria sólida y una base de seguidores fieles. Sin embargo, distintos estudios de opinión muestran que también carga con niveles de rechazo importantes en una parte del electorado.

¿Por qué ocurre esto?

La primera razón tiene que ver con el tiempo. Leonel lleva casi tres décadas ocupando un espacio central en la política nacional. Cuando una figura permanece tanto tiempo en el escenario público, la gente termina asociándola no solo con sus logros, sino también con sus errores, promesas incumplidas y decisiones controvertidas. Para muchos ciudadanos, Leonel representa el pasado más que el futuro.

También está el tema de la corrupción y la percepción pública. Aunque hoy dirige la Fuerza del Pueblo, muchas personas siguen vinculándolo con los años de gobierno del PLD. Para una parte del electorado, esa separación política no ha sido suficiente para borrar las asociaciones con los cuestionamientos que marcaron aquella etapa.

Otro factor importante es la conexión con los jóvenes. Una gran parte de los votantes actuales creció después de sus primeros gobiernos. Muchos jóvenes buscan figuras nuevas, discursos más directos y una comunicación más cercana a la forma en que consumen información hoy. Aunque dentro de su entorno existen líderes jóvenes con gran aceptación, esa simpatía no necesariamente se transfiere al expresidente. Verbigracia su hijo Omar Fernández.

Además, existe una dificultad que enfrentan casi todos los exmandatarios cuando regresan a la oposición. Cada vez que critican problemas del presente, surge una respuesta inmediata de sus adversarios: "¿Y por qué no lo resolviste cuando gobernabas?". Esa pregunta puede parecer simple, pero tiene fuerza porque conecta con recuerdos y frustraciones que todavía permanecen en parte de la población.

Por eso, el principal reto de Leonel Fernández no es darse a conocer ni fortalecer a sus seguidores más leales. Es convencer a quienes ya formaron una opinión negativa sobre él.

Su apuesta ha sido presentarse como un dirigente experimentado, capaz de manejar momentos difíciles y aportar estabilidad al país. Sin embargo, esa narrativa compite con un sentimiento cada vez más presente entre muchos votantes independientes: el deseo de renovación y de ver nuevas caras en la política dominicana.

Al final, la gran pregunta no es si Leonel tiene experiencia. Eso nadie lo discute. La verdadera incógnita es si esa experiencia será suficiente para superar el rechazo acumulado durante tantos años de vida pública.

 

Proyecto Embalse Hatillo y Abastecimiento Cotuí–Santo Domingo

Noticia Cotuí.

En una consulta provincial sobre el Proyecto de Abastecimiento de Agua Santo Domingo-Sánchez utilizando la toma de la Presa de Hatillo, el director de la CAASD, el Ingeniero Felipe Antonio Subervi, acompañado de un equipo de especialista, explicaron lo relativo al proyecto con fondo del BID.   La actividad se celebró en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, representada por la rectora Ingeniera Marilyn Diaz.

Deseo compartir con ustedes algunas informaciones extraídas del Sitio Web del BID y si desean ampliar las informaciones pueden ir a la misma página o consultar en el correo electrónico de la  CAASD, que te dejo al pie del artículo.

Programa de Seguridad Hídrica del Embalse Hatillo y Abastecimiento Cotuí–Santo Domingo (DR-L1171)

El Programa de Seguridad Hídrica del Embalse Hatillo y Abastecimiento Cotuí–Santo Domingo, identificado en el portafolio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como el proyecto DR-L1171, constituye actualmente la iniciativa de infraestructura hídrica más importante y de mayor alcance en la República Dominicana.

Recientemente, las mesas técnicas conformadas por el BID, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como otras entidades estratégicas, concluyeron el Estudio Integrado de Disponibilidad Hídrica y Resiliencia Climática del sistema. Los resultados de esta evaluación científica confirmaron la viabilidad del proyecto, garantizando la disponibilidad del recurso hídrico requerido sin comprometer los usos tradicionales del embalse, tales como el control de inundaciones y el riego agrícola en la cuenca baja del río Yuna.

A continuación, se presenta un resumen de los principales componentes, alcances y características técnicas de esta obra de gran impacto nacional.

Ficha Técnica del Proyecto:

• Monto de financiamiento: US$400,000,000.
• Código oficial del BID: DR-L1171.
• Organismo ejecutor principal: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).
• Población beneficiada: Más de cuatro millones de habitantes.

Caudal Disponible y Distribución Territorial (Fase I)

El estudio definitivo de disponibilidad hídrica certificó que el embalse de Hatillo puede aportar de manera sostenible y segura 125 millones de galones diarios, equivalentes a un caudal de 5.5 metros cúbicos por segundo (m³/s) durante la primera fase del proyecto.

Este volumen de agua no estará destinado exclusivamente al Gran Santo Domingo, sino que ha sido concebido bajo una visión regional que prioriza las necesidades de las comunidades ubicadas a lo largo del sistema de conducción.

1. Prioridad para la provincia Sánchez Ramírez

El proyecto garantizará el abastecimiento continuo y de calidad para el Acueducto Múltiple de Sánchez Ramírez, asegurando el suministro de agua potable para el municipio de Cotuí y las comunidades circundantes. Tanto la dirección de la CAASD como los representantes comunitarios han establecido que las necesidades hídricas de la provincia constituyen una prioridad innegociable antes de cualquier transferencia de agua hacia otras demarcaciones.

2. Abastecimiento de Monte Plata

El trazado de las líneas de conducción permitirá aprovechar el recorrido geográfico del sistema para incorporar nuevas soluciones de abastecimiento a comunidades de la provincia Monte Plata, fortaleciendo la cobertura y la seguridad hídrica de la zona.

3. Fortalecimiento del Gran Santo Domingo

El caudal restante será conducido hacia la zona metropolitana de Santo Domingo, contribuyendo a la estabilización del suministro de agua potable y reduciendo la vulnerabilidad de la ciudad frente a las sequías estacionales que afectan periódicamente los sistemas abastecidos por los ríos Haina, Isa-Mana y Duey.

Componentes Principales de la Infraestructura

El programa trasciende la simple construcción de una línea de conducción. Se trata de una intervención integral compuesta por tres grandes frentes de ingeniería:

Obra de Toma y Estación de Bombeo en Hatillo

Contempla el diseño y construcción de una estructura de captación adaptable a las variaciones del nivel del embalse, permitiendo la extracción eficiente de agua desde estratos profundos y de mejor calidad.

Línea de Conducción y Sistema de Trasvase

Incluye la instalación de una tubería de impulsión de alta presión que recorrerá varias provincias hasta su destino final. Debido a la magnitud de la obra, el proyecto ha sido clasificado por el BID como una intervención de Categoría A, incorporando rigurosas medidas de mitigación y gestión ambiental.

Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)

Se construirá una moderna planta potabilizadora diseñada para tratar las características particulares del agua proveniente del embalse. La instalación incorporará tecnologías avanzadas de coagulación, filtración rápida y desinfección, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de calidad para consumo humano.

Documentación Oficial y Canales de Consulta

Dado que el proyecto se encuentra en una etapa avanzada de preparación, evaluación y socialización comunitaria, existen diferentes mecanismos para acceder a la documentación técnica y ambiental relacionada con la iniciativa.

Perfil de la Operación en el BID

En esta plataforma se encuentran disponibles los aspectos financieros, los objetivos de sostenibilidad, el cronograma general y el estado de avance del proyecto.

Ficha Oficial del BID – Proyecto DR-L1171

Portal Informativo de la CAASD

La CAASD ha habilitado un espacio especializado donde pueden consultarse y descargarse documentos técnicos relevantes, incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Programa de Gestión Ambiental y Social (PGAS).

Portal Informativo Hatillo–Santo Domingo (CAASD)

Contacto Institucional

Para consultas técnicas, observaciones comunitarias o solicitudes de información relacionadas con el proyecto, la CAASD dispone del siguiente canal oficial:

Correo electrónico: proyectohatillo-sd@caasd.gob.do 

Nuria destapa el manejo alegre de los fondos de la cooperativa de maestros

 NCOTUÍ. -Durante años muchos maestros han denunciado que en la Cooperativa Nacional de Maestros (COOPNAMA) el dinero de los socios se ha manejado con excesos y privilegios para unos pocos. Un reportaje de la periodista Nuria Piera volvió a poner el tema sobre la mesa.

La investigación muestra una realidad que choca con la situación de miles de docentes que sostienen la institución con sus aportes. Mientras un maestro gana entre 60,000 y 70,000 pesos al mes, en COOPNAMA aparecen asesores y funcionarios con salarios que superan los 300,000, 400,000 y hasta 490,000 pesos mensuales.

Entre los nombres señalados figuran Carlos Ignacio Benítez Pérez, José Franceli Almonte y el actual senador Julito Fulcar. Solo el grupo de asesores representaba más de cinco millones de pesos al mes en salarios.

También llamó la atención la presencia de familiares de figuras políticas en puestos de alta dirección, con sueldos muy por encima de lo que recibe un maestro activo.

Las preguntas no terminan ahí. El reportaje muestra que algunos electrodomésticos vendidos por la cooperativa cuestan miles de pesos más que en comercios tradicionales.

Descarta Nuria en su reportaje el caso del caso del hotel Cop Marena Beach Resort, en Juan Dolio, que registró pérdidas superiores a los 27 millones de pesos según auditorías correspondientes al 2022. Solo algunos maestros visitan ese hotel, que semeja un lugar descuidado y con un pésimo servicio.

Otro punto que genera preocupación es la falta de transparencia. Las nóminas más recientes no han sido publicadas, lo que dificulta conocer cómo se manejan actualmente los recursos de una entidad que reúne a más de 200,000 socios.

La investigación también pone en entredicho al IDECOOP, organismo encargado de supervisar las cooperativas. Expertos consultados cuestionan su capacidad de fiscalización, especialmente después de conocerse una solicitud de apoyo económico dirigida a las mismas entidades que debe supervisar.

El trabajo periodístico de Nuria reabre un debate que muchos maestros consideran pendiente: quién controla realmente los recursos de COOPNAMA y si los beneficios de la cooperativa están llegando a quienes aportan el dinero mes tras mes.

De los fondos de la COOPNAMA, y de la ADP, dirigentes del sindicatos de profesores, han logrado salir bien posicionado en lo económico tanto a si que han sido diputados  y senadores.

 

Oro en el municipio de San Juan de la Maguana: la decisión que puede cambiarlo todo

Esto del oro no es solo una noticia más. Es algo que te toca, aunque no lo parezca.

En el municipio de San Juan de la Maguana se ha hablado de que podría haber oro bajo tierra, y eso ha dividido a todo el mundo. Por un lado, están quienes ven una oportunidad: más trabajo, más dinero moviéndose, una economía que podría levantarse. Pero del otro lado, están los que sienten preocupación, porque saben que lo que está en juego no es solo el oro… es el agua, la tierra, la vida de todos y también quienes desean sacar capital político.

Hay quienes, desde la ciencia, en este caso la Academia de Ciencia de la RD; piden calma. No dicen “no” de entrada, pero sí advierten: esto no es un juego. Sacar oro puede afectar los ríos, los acuíferos, todo lo que sostiene el día a día. Y una vez eso se daña, no hay vuelta fácil. Que deciden los estudios y no los juicios de valor.

También están los ambientalistas, que lo dicen más claro: no vale la pena. Para ellos, ningún beneficio económico justifica poner en riesgo la salud de la gente ni los recursos que nos mantienen vivos. Su miedo es que, después de la minería, quede poco que salvar. De hecho, los ambientalistas se oponen a todo tipo de explotación de los recursos naturales. Son fundamentalistas del medio ambiente.

A esto se suma la oposición política, que ha tomado una postura “crítica” frente al proyecto. Cuestionan la transparencia de todo el proceso y dudan de que realmente se protejan los intereses de la gente. Plantean que no hay garantías claras de que el país salga beneficiado, y advierten que podría repetirse la historia de acuerdos que favorecen a pocos y dejan consecuencias para muchos. Historia que ellos mismo construyeron en el pasado. Ahora son los “defensores del pueblo”.

Mientras tanto, el gobierno habla de desarrollo. Dice que sí se puede hacer minería de forma responsable, que habrá empleos, ingresos, obras… que el país puede avanzar con esto. Confían en que las reglas que existen son suficientes para evitar daños graves. Habría que evaluar el caso de la mina de oro de Cotuí, analizar su impacto en la provincia. Evidenciar con cifras y datos.

Pero la verdad más fuerte está en la gente común. Ahí es donde se siente el conflicto de verdad. Hay quienes necesitan una oportunidad urgente y ven en la mina una salida. Y hay otros que viven de la tierra, del agua, del trabajo diario, y sienten que eso podría desaparecer.

Al final, no es solo decidir si se explota o no. Es decidir qué tipo de futuro se quiere. Porque pase lo que pase, este tema ya cambió al municipio de San Juan de la Maguana. Y a quienes viven en él.

 

Monseñor Castro Marte denuncia manipulación de información y lanza alerta contra las "fake news"

NOTICIA COTUÍ. – El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, arremetió contra individuos y organizaciones dedicadas a la difusión de noticias falsas, tras detectar una información malintencionada que alteró drásticamente el sentido de sus declaraciones originales.

A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), el prelado denunció que el contenido fue manipulado deliberadamente con el objetivo de generar confusión y desinformación en las plataformas digitales.

"La verdad y la responsabilidad al comunicar son pilares fundamentales para construir una sociedad mejor informada", enfatizó Castro Marte.

Llamado a la verificación y ética ciudadana

Ante la creciente proliferación de este tipo de contenidos, el obispo exhortó a la ciudadanía a no compartir publicaciones sin antes verificar su autenticidad. Asimismo, instó a los usuarios de redes sociales a consultar siempre fuentes oficiales y medios de comunicación con credibilidad para evitar ser víctimas de campañas de desinformación.

Contexto político

En los últimos meses, se ha observado una tendencia en la que actores de la oposición y ciertos comunicadores políticos utilizan las redes sociales para ajustar informaciones y hechos noticiosos a su conveniencia partidaria, una práctica que el prelado señala como un obstáculo para la transparencia y la paz social.

NOTICIA COTUÍ se solidariza con el llamado a la unidad nacional del presidente Luis Abinader ante crisis petrolera global

 Opinión

COTUI, Provincia Sánchez Ramírez – En un contexto internacional marcado por la volatilidad y la incertidumbre, el medio digital NOTICIA COTUÍ manifiesta su firme respaldo a la postura asumida por el Excelentísimo Señor Presidente de la República, Luis Abinader, respecto a la crisis de los precios del petróleo y sus repercusiones directas en la economía dominicana.

Ante la reciente alocución del mandatario, donde detalló el impacto de factores externos —como los conflictos geopolíticos y la inestabilidad de los mercados energéticos— en el costo de la vida y la producción nacional, NOTICIA COTUÍ se suma al llamado de prudencia y cohesión social. Entendemos que la transparencia con la que se ha abordado la problemática es el primer paso para una gestión de crisis responsable.

Estabilidad regional

Como medio de referencia en la provincia Sánchez Ramírez, reconocemos que el alza de los hidrocarburos no solo afecta las grandes urbes, sino que golpea directamente la dinámica económica de nuestras comunidades, el transporte y el costo de los insumos agrícolas y mineros que motorizan nuestra región.

"En tiempos de desafíos globales, la comunicación veraz y el apoyo a las políticas de mitigación económica son fundamentales para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos de Cotuí y de todo el país", expresó la dirección editorial de este medio.

Visión de Sostenibilidad

En consonancia con nuestra labor informativa, valoramos los esfuerzos del Gobierno Dominicano por buscar alternativas energéticas y mantener subsidios estratégicos que eviten un impacto mayor en las familias más vulnerables. La relación entre la dinámica hidrobiológica de recursos como la Presa de Hatillo y la seguridad energética nacional cobra hoy más relevancia que nunca, recordándonos la urgencia de avanzar hacia un desarrollo sostenible.

NOTICIA COTUÍ reafirma su compromiso de seguir informando con objetividad, sirviendo como puente entre las disposiciones gubernamentales y nuestra comunidad, siempre apostando por el progreso y la resiliencia de la República Dominicana ante los choques económicos externos.