La caída del gobierno de Danilo Medina (2018-2019)
Hay momentos en la política en los que el
desgaste no ocurre de un día para otro. Se va acumulando lentamente, casi sin
hacer ruido, hasta que termina reflejándose en la opinión pública y,
finalmente, en las urnas. Eso fue precisamente lo que ocurrió en la República
Dominicana entre 2018 y 2019.
Para entonces, el gobierno de Danilo Medina
todavía exhibía importantes logros en áreas como la infraestructura, la
educación y la seguridad ciudadana. El presidente seguía siendo una de las
figuras mejor valoradas del escenario político, pero esa fortaleza ya no
alcanzaba para proteger la imagen de muchos de sus principales colaboradores.
Las encuestas, los estudios de opinión y el
ambiente que se respiraba en los medios de comunicación mostraban una realidad
que iba ganando terreno: la confianza en el gabinete comenzaba a deteriorarse.
Percepción
sobre los funcionarios verso Danilo
Uno de los aspectos más llamativos de ese
período fue la diferencia entre la valoración del presidente y la de sus
funcionarios.
Mientras Danilo Medina conservaba una imagen
de cercanía con amplios sectores de la población gracias a iniciativas como las
visitas sorpresa y al reconocimiento de programas como el Sistema Nacional de
Atención a Emergencias 9-1-1, muchos ministros y altos funcionarios eran
percibidos como figuras distantes, poco accesibles y desconectadas de las
preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.
En numerosos estudios de opinión aparecía una
crítica recurrente: el gobierno parecía haberse vuelto una estructura demasiado
cerrada, con escasa capacidad para renovarse y responder al creciente reclamo
de mayor transparencia.
El centro
del debate: La corrupción
Si hubo un tema que marcó la conversación
nacional durante esos años fue la corrupción.
Las repercusiones del caso Odebrecht, sumadas
a otros cuestionamientos sobre el manejo de instituciones públicas, alimentaron
una percepción de desconfianza que terminó afectando al conjunto de la
administración.
El Barómetro de las Américas (LAPOP)
correspondiente al período 2018-2019 reflejaba que una parte importante de la
población consideraba que la corrupción era un problema ampliamente extendido
en el Estado. A ello se sumaban diversos estudios nacionales que mostraban
niveles muy bajos de confianza hacia la clase política y hacia quienes ocupaban
posiciones de poder.
Más que los expedientes judiciales en sí, lo
que parecía consolidarse era la sensación de que las investigaciones rara vez
llegaban hasta las más altas esferas del gobierno, fortaleciendo la percepción
de impunidad.
El mismo
anillo
Mirando aquellos acontecimientos con la
perspectiva que ofrece el tiempo, resulta claro que el deterioro de la imagen
del gobierno no estuvo asociado exclusivamente al comportamiento de la economía
ni a la ejecución de obras públicas.
Lo que comenzó a cambiar fue la percepción
sobre la forma de ejercer el poder. Para muchos ciudadanos, el principal
problema ya no era únicamente la gestión gubernamental, sino la permanencia de
un mismo grupo dirigente, la falta de renovación y las crecientes dudas sobre
la transparencia en el ejercicio de la administración pública.
Aunque varias políticas gubernamentales
continuaban siendo bien valoradas, esos logros fueron perdiendo capacidad para
contrarrestar el desgaste político que se acumulaba.
Ese clima de opinión terminó creando las
condiciones para una alternancia que, meses después, se materializaría en las
elecciones de 2020. Más que un cambio repentino, fue el desenlace de un proceso
de desgaste que venía gestándose desde varios años atrás y que encontró en el
período 2018-2019 uno de sus momentos decisivos.
