NDIGITALCOTUI
Hay
problemas que uno escucha tantas veces que termina preguntándose si realmente
alguien está prestando atención. Eso está pasando con las denuncias sobre
determinadas prácticas en el sistema de distribución eléctrica, especialmente
en el trabajo de campo que realizan empresas contratistas.
El Gobierno
tiene bajo su responsabilidad la distribución de la energía eléctrica, pero
buena parte de las labores de instalación, revisión y supervisión se ejecutan a
través de contratistas. Son sus trabajadores quienes llegan a los barrios,
entran en contacto con los usuarios y, en muchos casos, tienen la última
palabra sobre una conexión, una reclamación o una supuesta irregularidad.
Y ahí es
donde está el problema.
Desde hace
meses se escuchan denuncias en medios de comunicación y redes sociales sobre
trabajadores que, presuntamente, realizan conexiones clandestinas o cobran
grandes cantidades de dinero para resolver situaciones que deberían manejarse
por los canales oficiales.
No estoy
diciendo que todos los trabajadores de campo de los contratistas sean
corruptos. Sería una injusticia y una irresponsabilidad afirmarlo. Pero tampoco
podemos hacernos los sordos ante tantas denuncias que vienen de ciudadanos
comunes, personas que muchas veces no tienen otra herramienta que contar
públicamente lo que les ocurre.
El asunto
se vuelve todavía más preocupante cuando aparecen facturas que el usuario
considera inexplicables. Hay personas que aseguran haber recibido montos muy
superiores a los habituales, que superan la lógica, incluso en momentos en que
han sufrido interrupciones frecuentes del servicio.
Entonces
comienza el calvario.
El
ciudadano va a la oficina de la distribuidora, presenta su reclamación y espera
que alguien revise el caso. La queja termina en manos de personal de campo que
debe comprobar el consumo o las condiciones del servicio.
Y aquí
aparece una pregunta que no podemos seguir esquivando: ¿quién supervisa al
supervisor?
Porque si
la misma estructura que debe detectar las irregularidades es la que termina
investigándolas, el usuario puede quedar atrapado en un círculo del que parece
imposible salir.
Cuando la
reclamación es rechazada, muchos recurren a PROTECOM buscando una respuesta.
Pero si allí tampoco encuentran solución, queda una sensación terrible: la de
que nadie está realmente del lado del ciudadano.
Eso es lo
más peligroso de todo.
No solo se afecta al usuario. También se
perjudica la imagen del Gobierno y de las distribuidoras. El ciudadano no anda
preguntando si quien lo atendió pertenece a la empresa pública o a una
contratista. Para él, todos forman parte del mismo sistema.
Por eso
hace falta una investigación seria. Sin persecuciones, pero también sin
complicidades. Revisar contratos, procedimientos, conexiones, facturaciones,
reclamaciones rechazadas y, sobre todo, la actuación de quienes trabajan
directamente en las calles.
La
electricidad no es un lujo. Es un servicio esencial y el ciudadano tiene
derecho a recibirlo y a reclamar cuando considera que algo no está bien, en
especial en una nación en donde los salarios son de miseria y la clase media
anda desesperada por el aumento de costo de la vida.
Si las
denuncias son falsas, que se demuestre. Pero si existe corrupción y falta de
atención a las quejas de los clientes, que se investigue y se castigue.
Porque no
hay nada más peligroso para una institución que un ciudadano convencido de que reclamar
no sirve de nada.
