García Archibald llama a priorizar la unidad del partido

NDIGITGALCOTUI. El periodista Daniel García Archibald plantea que las divisiones internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pese a encontrarse en el poder, podrían debilitar a la organización de cara a las elecciones de 2028, si sus dirigentes no priorizan la unidad y el fortalecimiento del Gobierno.

En su artículo, publicado en El Nuevo Diario bajo el título «¿Les molesta a los perremeístas estar en el poder?», García Archibald cuestiona las confrontaciones entre dirigentes oficialistas y advierte sobre el riesgo de que las aspiraciones presidenciales y las diferencias internas terminen afectando la estabilidad del partido.

El comunicador señala que algunos sectores sin visión dentro del PRM han comenzado a expresar públicamente sus diferencias, incluso mediante pronunciamientos que pueden perjudicar a compañeros de organización. En ese contexto, menciona las aspiraciones presidenciales de David Collado y las declaraciones de dirigentes vinculados a otros proyectos políticos dentro del partido.

Enfocarse en el Gobierno

García Archibald considera que los dirigentes deben concentrarse en apoyar la gestión del presidente Luis Abinader, en lugar de alimentar disputas anticipadas por la candidatura presidencial de 2028. A su juicio, las diferencias deben manejarse con madurez, respeto y disposición al diálogo.

Asimismo, advierte que las luchas internas pueden desviar la atención de los problemas nacionales y debilitar la imagen de una organización política que todavía tiene que concentrarse en la buena gestión de gobierno de Luis Abinader.

Los errores del pasado

El periodista también observa una contradicción en el comportamiento de algunos perremeístas: mientras el partido gobierna, determinados sectores actúan como si estuvieran en la oposición. “Mientras hacia fuera se visualiza un partido unificado, en consonancia con su gobierno, los perremeistas se empeñan en que se visualice que dentro está pasando todo lo contrario.”, señaló el periodista Archival en su reflexión periodística.

En sus reflexiones, insiste en que las aspiraciones individuales no deben colocarse por encima del proyecto colectivo y que los dirigentes con experiencia tienen la responsabilidad de contribuir a un clima de respeto y cohesión.

La unidad monopólica es la clave para 2028

García Archibald concluye que el PRM debe evitar que la competencia interna se convierta en una lucha grupal que comprometa sus posibilidades electorales. Aunque reconoce que algunos aspirantes cuentan con respaldo en las encuestas, advierte que ninguna ventaja garantiza por sí sola el éxito futuro si la organización pierde su cohesión.

Archibald hace un llamado a que los perremeistas administren sus diferencias con prudencia, respaldar la gestión gubernamental y preservar la unidad interna para afrontar en mejores condiciones el escenario político de 2028.

Las EDES (Edenorte, Edesur y Edeeste) bajo la lupa por denuncias de usuarios y contratistas

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Hay problemas que uno escucha tantas veces que termina preguntándose si realmente alguien está prestando atención. Eso está pasando con las denuncias sobre determinadas prácticas en el sistema de distribución eléctrica, especialmente en el trabajo de campo que realizan empresas contratistas.

El Gobierno tiene bajo su responsabilidad la distribución de la energía eléctrica, pero buena parte de las labores de instalación, revisión y supervisión se ejecutan a través de contratistas. Son sus trabajadores quienes llegan a los barrios, entran en contacto con los usuarios y, en muchos casos, tienen la última palabra sobre una conexión, una reclamación o una supuesta irregularidad.

Y ahí es donde está el problema.

Desde hace meses se escuchan denuncias en medios de comunicación y redes sociales sobre trabajadores que, presuntamente, realizan conexiones clandestinas o cobran grandes cantidades de dinero para resolver situaciones que deberían manejarse por los canales oficiales.

No estoy diciendo que todos los trabajadores de campo de los contratistas sean corruptos. Sería una injusticia y una irresponsabilidad afirmarlo. Pero tampoco podemos hacernos los sordos ante tantas denuncias que vienen de ciudadanos comunes, personas que muchas veces no tienen otra herramienta que contar públicamente lo que les ocurre.

El asunto se vuelve todavía más preocupante cuando aparecen facturas que el usuario considera inexplicables. Hay personas que aseguran haber recibido montos muy superiores a los habituales, que superan la lógica, incluso en momentos en que han sufrido interrupciones frecuentes del servicio.

Entonces comienza el calvario.

El ciudadano va a la oficina de la distribuidora, presenta su reclamación y espera que alguien revise el caso. La queja termina en manos de personal de campo que debe comprobar el consumo o las condiciones del servicio.

Y aquí aparece una pregunta que no podemos seguir esquivando: ¿quién supervisa al supervisor?

Porque si la misma estructura que debe detectar las irregularidades es la que termina investigándolas, el usuario puede quedar atrapado en un círculo del que parece imposible salir.

Cuando la reclamación es rechazada, muchos recurren a PROTECOM buscando una respuesta. Pero si allí tampoco encuentran solución, queda una sensación terrible: la de que nadie está realmente del lado del ciudadano.

Eso es lo más peligroso de todo.

 No solo se afecta al usuario. También se perjudica la imagen del Gobierno y de las distribuidoras. El ciudadano no anda preguntando si quien lo atendió pertenece a la empresa pública o a una contratista. Para él, todos forman parte del mismo sistema.

Por eso hace falta una investigación seria. Sin persecuciones, pero también sin complicidades. Revisar contratos, procedimientos, conexiones, facturaciones, reclamaciones rechazadas y, sobre todo, la actuación de quienes trabajan directamente en las calles.

La electricidad no es un lujo. Es un servicio esencial y el ciudadano tiene derecho a recibirlo y a reclamar cuando considera que algo no está bien, en especial en una nación en donde los salarios son de miseria y la clase media anda desesperada por el aumento de costo de la vida.

Si las denuncias son falsas, que se demuestre. Pero si existe corrupción y falta de atención a las quejas de los clientes, que se investigue y se castigue.

Porque no hay nada más peligroso para una institución que un ciudadano convencido de que reclamar no sirve de nada.

 

Los debates: ¿soluciones o puro marketing político?

 Los debates: ¿soluciones o puro marketing político?

NDIGITALCOTUI, RD. A estas alturas, resulta difícil sostener que la República Dominicana no sabe cuáles son sus principales problemas. La mayoría están identificados, estudiados y discutidos desde hace años. Lo que muchas veces ha faltado no es diagnóstico, sino voluntad para tomar decisiones y capacidad para construir los acuerdos necesarios.

Hay problemas que podrían resolverse con recursos relativamente modestos, pero que requieren organización, seguimiento y, sobre todo, decisión. Otros necesitan cambios legales importantes, como ocurre con la Seguridad Social, donde chocan intereses empresariales, financieros y sociales.

También hay soluciones que sencillamente requieren dinero. Y ahí aparece una de las grandes limitaciones del Estado: un presupuesto con un déficit que supera los RD$200 mil millones desde hace más de una década.

Todos los sectores políticos saben que el país necesita una reforma fiscal. El problema es que casi nadie quiere pagar el costo político de impulsarla. Y cuando un gobierno intenta hacerlo, la oposición encuentra razones para rechazarla y convertirla en un arma política. Lo curioso es que muchas veces quienes se oponen desde la oposición podrían defenderla cuando les corresponda gobernar.

Por eso, cuando observo algunos de estos debates, tengo la impresión de que estamos viendo más marketing político que búsqueda real de soluciones. Mucha exposición, buenos discursos y propuestas atractivas, pero poca disposición para asumir los costos de las decisiones difíciles.

La República Dominicana no necesita seguir descubriendo sus problemas. Necesita dirigentes capaces de ponerse de acuerdo, tomar decisiones y asumir el costo político de hacer lo que realmente necesita el país.

Jarabe para los danilistas

 La caída del gobierno de Danilo Medina (2018-2019)

Hay momentos en la política en los que el desgaste no ocurre de un día para otro. Se va acumulando lentamente, casi sin hacer ruido, hasta que termina reflejándose en la opinión pública y, finalmente, en las urnas. Eso fue precisamente lo que ocurrió en la República Dominicana entre 2018 y 2019.

Para entonces, el gobierno de Danilo Medina todavía exhibía importantes logros en áreas como la infraestructura, la educación y la seguridad ciudadana. El presidente seguía siendo una de las figuras mejor valoradas del escenario político, pero esa fortaleza ya no alcanzaba para proteger la imagen de muchos de sus principales colaboradores.

Las encuestas, los estudios de opinión y el ambiente que se respiraba en los medios de comunicación mostraban una realidad que iba ganando terreno: la confianza en el gabinete comenzaba a deteriorarse.

Percepción sobre los funcionarios verso Danilo

Uno de los aspectos más llamativos de ese período fue la diferencia entre la valoración del presidente y la de sus funcionarios.

Mientras Danilo Medina conservaba una imagen de cercanía con amplios sectores de la población gracias a iniciativas como las visitas sorpresa y al reconocimiento de programas como el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, muchos ministros y altos funcionarios eran percibidos como figuras distantes, poco accesibles y desconectadas de las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.

En numerosos estudios de opinión aparecía una crítica recurrente: el gobierno parecía haberse vuelto una estructura demasiado cerrada, con escasa capacidad para renovarse y responder al creciente reclamo de mayor transparencia.

 

El centro del debate: La corrupción

Si hubo un tema que marcó la conversación nacional durante esos años fue la corrupción.

Las repercusiones del caso Odebrecht, sumadas a otros cuestionamientos sobre el manejo de instituciones públicas, alimentaron una percepción de desconfianza que terminó afectando al conjunto de la administración.

El Barómetro de las Américas (LAPOP) correspondiente al período 2018-2019 reflejaba que una parte importante de la población consideraba que la corrupción era un problema ampliamente extendido en el Estado. A ello se sumaban diversos estudios nacionales que mostraban niveles muy bajos de confianza hacia la clase política y hacia quienes ocupaban posiciones de poder.

Más que los expedientes judiciales en sí, lo que parecía consolidarse era la sensación de que las investigaciones rara vez llegaban hasta las más altas esferas del gobierno, fortaleciendo la percepción de impunidad.

El mismo anillo

Mirando aquellos acontecimientos con la perspectiva que ofrece el tiempo, resulta claro que el deterioro de la imagen del gobierno no estuvo asociado exclusivamente al comportamiento de la economía ni a la ejecución de obras públicas.

Lo que comenzó a cambiar fue la percepción sobre la forma de ejercer el poder. Para muchos ciudadanos, el principal problema ya no era únicamente la gestión gubernamental, sino la permanencia de un mismo grupo dirigente, la falta de renovación y las crecientes dudas sobre la transparencia en el ejercicio de la administración pública.

Aunque varias políticas gubernamentales continuaban siendo bien valoradas, esos logros fueron perdiendo capacidad para contrarrestar el desgaste político que se acumulaba.

Ese clima de opinión terminó creando las condiciones para una alternancia que, meses después, se materializaría en las elecciones de 2020. Más que un cambio repentino, fue el desenlace de un proceso de desgaste que venía gestándose desde varios años atrás y que encontró en el período 2018-2019 uno de sus momentos decisivos.

 

El derrábame del crecimiento económico

 NDCOTUI

Cuando escuchamos que la economía dominicana creció un 4.5 % en el primer semestre del año, es fácil pensar que se trata de una cifra más. Sin embargo, detrás de ese porcentaje hay una realidad que puede sentirse en la vida cotidiana de las personas. Cuando una economía avanza, crece, aumentan las oportunidades para quienes buscan empleo, para los emprendedores que quieren expandir sus negocios y para las familias que aspiran a una mejor calidad de vida.

A lo largo de los años hemos visto que cuando el país mantiene un ritmo de crecimiento sostenido, sectores como el turismo, la construcción, las zonas francas, el comercio y la agricultura se dinamizan. Eso significa más inversión, más producción y, sobre todo, más puestos de trabajo. Cada nuevo empleo representa una familia con mayores ingresos, más capacidad de consumo y mejores posibilidades de salir adelante.

El crecimiento también envía una señal de confianza. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, suelen apostar por economías que ofrecen estabilidad y perspectivas positivas. Esa confianza se traduce en nuevas empresas, ampliación de las existentes y proyectos que generan riqueza y oportunidades para miles de dominicanos.

Otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido es el impacto en las finanzas del Estado. Cuando la economía produce más, también aumenta la recaudación de impuestos. Se reduce el déficit fiscal. Esto le da al Gobierno mayores recursos para invertir en metro, monorriel, carreteras, hospitales, escuelas, seguridad y programas sociales que benefician directamente a la población. Ese es un efecto del crecimiento del PIB.

 

Ahora bien, crecer no es suficiente. El verdadero éxito de una economía no se mide únicamente por el aumento del PIB, sino por la capacidad de transformar ese crecimiento en bienestar para la gente. De poco sirve que las cifras sean positivas si los salarios no mejoran, si el costo de la vida sigue aumentando o si muchas familias no sienten ese progreso en su bolsillo.

Por eso, el desafío no es solo mantener el crecimiento económico, sino lograr que sus beneficios lleguen a todos. Generar más empleos formales, fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, controlar la inflación e invertir con eficiencia en servicios públicos son pasos fundamentales para que ese 4.5 % se convierta en una mejora real en la calidad de vida de los dominicanos.

En definitiva, el crecimiento económico que hoy exhibe la República Dominicana es una buena noticia. Refleja una economía dinámica, con capacidad para atraer inversiones y crear oportunidades. Pero el verdadero triunfo será cuando ese crecimiento se traduzca en más bienestar, mayor equidad y mejores oportunidades para cada ciudadano, sin importar dónde viva o cuál sea su condición social.

Ahora bien, el crecimiento del Producto Interno Bruto siempre provocara un derrame positivo en los sectores sociales de una manera u otra. Si la riqueza de un país aumenta mayores serán las posibilidades para todos.

Cuba termina haciendo lo que juró que nunca haría

 Cuba resistió cuando cayó la Unión Soviética. Resistió cuando se derrumbó el Muro de Berlín. Resistió cuando China decidió enriquecerse sin abandonar el Partido Comunista. Resistió incluso cuando Vietnam tomó el mismo camino.

Ahora la realidad la alcanzó.

La economía cubana está exhausta. La producción no despega, la escasez se volvió parte de la vida diaria y el dinero externo ya no alcanza para sostener el modelo. Después de décadas defendiendo la planificación centralizada, La Habana empieza a abrir puertas que durante años mantuvo cerradas con candado.

No hablan de capitalismo. Tampoco de abandonar el socialismo. Pero los hechos pesan más que los discursos.

Entre las medidas anunciadas aparecen la apertura a la banca privada, libertad a las casas de cambio y operadores privados de remesas. Se permitirá abrir cuentas en divisas con menos restricciones y se crean mecanismos cambiarios más cercanos a los de una economía de mercado.

Las empresas privadas ganan espacio. Las grandes compañías podrán crecer, contratar más personal y participar en sectores que antes estaban reservados al Estado.

También llegan cambios en las empresas públicas. Algunas podrán convertirse en sociedades por acciones y abrirse a la participación privada. Otras recibirán más autonomía para tomar decisiones sin esperar órdenes desde arriba.

Los controles de precios, una de las banderas históricas del modelo, empiezan a retirarse. El Gobierno admite de forma implícita algo que los cubanos conocen desde hace años: los precios fijados por decreto no llenan los estantes.

Los subsidios generalizados también entran en revisión. La ayuda estatal ya no sería para todos, sino para quienes el Gobierno considere más vulnerables.

Turismo, servicios y otras áreas estratégicas recibirán mayor presencia de inversionistas privados.

Hace apenas unos años muchas de estas medidas habrían sido calificadas como concesiones al capitalismo. Hoy son presentadas como necesarias para evitar un colapso mayor.

La pregunta ya no es si Cuba se parece cada vez más a China o Vietnam. La pregunta es cuánto tiempo tardará en parecerse aún más.

 

 

Endeudamiento y déficit fiscal:15 años de brecha presupuestal

Desde hace más de 15 años, el Gobierno dominicano mantiene un déficit presupuestario superior a los 200,000 millones de pesos anuales. Este déficit ha sido cubierto mediante endeudamiento externo y la emisión de bonos en el mercado interno.

Durante la gestión del expresidente Leonel Fernández, y mediante consenso entre las principales fuerzas políticas del país, se estableció en la Estrategia Nacional de Desarrollo el compromiso de impulsar una reforma fiscal integral. Esta reforma debía abordar tanto los ingresos que recibe el Estado como la forma en que se ejecuta el gasto público.

Sin embargo, hasta la fecha únicamente se han implementado reformas tributarias enfocadas en aumentar los ingresos, sin realizar cambios significativos en la estructura del gasto. Además, dichas reformas han sido aprobadas utilizando las mayorías legislativas de los gobiernos de turno, debido a la negativa de la oposición a respaldarlas.

En este contexto, un senador de la oposición ha sometido diversas iniciativas legislativas que afectarían los ingresos del Estado. Aunque estas propuestas pueden generar simpatía y aplausos entre determinados sectores del electorado, su aplicación aislada provocaría una reducción considerable de los ingresos gubernamentales, aumentando el déficit fiscal y, en consecuencia, la necesidad de endeudamiento. Esto ampliaría aún más la brecha fiscal y en el endeudamiento externo que el senador tanto critica.

Lo que necesita la República Dominicana no son medidas aisladas ni propuestas de carácter demagógico orientadas a obtener beneficios políticos inmediatos, sino una reforma fiscal profunda e integral que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Actuar de manera contraria representa una muestra de irresponsabilidad por parte de la clase política.

A pesar de la necesidad de dicha reforma para corregir el déficit estructural del Gobierno, todo parece indicar que el presidente Luis Abinader dejará esta tarea para la próxima administración. Entre las razones se encuentra la falta de consenso político, ya que la oposición difícilmente respaldaría una reforma de esta naturaleza. Además, la cercanía del período electoral hace que los costos políticos de una reforma fiscal sean elevados en el corto plazo, situación que podría ser aprovechada por los adversarios políticos.

Ante la realidad de un elevado déficit fiscal y la incapacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos que permitan reformar el sistema tributario y racionalizar el gasto público, el país corre el riesgo de continuar dependiendo del endeudamiento como principal mecanismo de financiamiento. Mantener esta tendencia de manera indefinida podría comprometer la estabilidad económica y fiscal de la República Dominicana en el futuro.