Las EDES (Edenorte, Edesur y Edeeste) bajo la lupa por denuncias de usuarios y contratistas

 NDIGITALCOTUI

Hay problemas que uno escucha tantas veces que termina preguntándose si realmente alguien está prestando atención. Eso está pasando con las denuncias sobre determinadas prácticas en el sistema de distribución eléctrica, especialmente en el trabajo de campo que realizan empresas contratistas.

El Gobierno tiene bajo su responsabilidad la distribución de la energía eléctrica, pero buena parte de las labores de instalación, revisión y supervisión se ejecutan a través de contratistas. Son sus trabajadores quienes llegan a los barrios, entran en contacto con los usuarios y, en muchos casos, tienen la última palabra sobre una conexión, una reclamación o una supuesta irregularidad.

Y ahí es donde está el problema.

Desde hace meses se escuchan denuncias en medios de comunicación y redes sociales sobre trabajadores que, presuntamente, realizan conexiones clandestinas o cobran grandes cantidades de dinero para resolver situaciones que deberían manejarse por los canales oficiales.

No estoy diciendo que todos los trabajadores de campo de los contratistas sean corruptos. Sería una injusticia y una irresponsabilidad afirmarlo. Pero tampoco podemos hacernos los sordos ante tantas denuncias que vienen de ciudadanos comunes, personas que muchas veces no tienen otra herramienta que contar públicamente lo que les ocurre.

El asunto se vuelve todavía más preocupante cuando aparecen facturas que el usuario considera inexplicables. Hay personas que aseguran haber recibido montos muy superiores a los habituales, que superan la lógica, incluso en momentos en que han sufrido interrupciones frecuentes del servicio.

Entonces comienza el calvario.

El ciudadano va a la oficina de la distribuidora, presenta su reclamación y espera que alguien revise el caso. La queja termina en manos de personal de campo que debe comprobar el consumo o las condiciones del servicio.

Y aquí aparece una pregunta que no podemos seguir esquivando: ¿quién supervisa al supervisor?

Porque si la misma estructura que debe detectar las irregularidades es la que termina investigándolas, el usuario puede quedar atrapado en un círculo del que parece imposible salir.

Cuando la reclamación es rechazada, muchos recurren a PROTECOM buscando una respuesta. Pero si allí tampoco encuentran solución, queda una sensación terrible: la de que nadie está realmente del lado del ciudadano.

Eso es lo más peligroso de todo.

 No solo se afecta al usuario. También se perjudica la imagen del Gobierno y de las distribuidoras. El ciudadano no anda preguntando si quien lo atendió pertenece a la empresa pública o a una contratista. Para él, todos forman parte del mismo sistema.

Por eso hace falta una investigación seria. Sin persecuciones, pero también sin complicidades. Revisar contratos, procedimientos, conexiones, facturaciones, reclamaciones rechazadas y, sobre todo, la actuación de quienes trabajan directamente en las calles.

La electricidad no es un lujo. Es un servicio esencial y el ciudadano tiene derecho a recibirlo y a reclamar cuando considera que algo no está bien, en especial en una nación en donde los salarios son de miseria y la clase media anda desesperada por el aumento de costo de la vida.

Si las denuncias son falsas, que se demuestre. Pero si existe corrupción y falta de atención a las quejas de los clientes, que se investigue y se castigue.

Porque no hay nada más peligroso para una institución que un ciudadano convencido de que reclamar no sirve de nada.