Desde hace más de 15 años, el Gobierno dominicano mantiene un déficit presupuestario superior a los 200,000 millones de pesos anuales. Este déficit ha sido cubierto mediante endeudamiento externo y la emisión de bonos en el mercado interno.
Durante la gestión del expresidente Leonel
Fernández, y mediante consenso entre las principales fuerzas políticas del
país, se estableció en la Estrategia Nacional de Desarrollo el compromiso de
impulsar una reforma fiscal integral. Esta reforma debía abordar tanto los
ingresos que recibe el Estado como la forma en que se ejecuta el gasto público.
Sin embargo, hasta la fecha únicamente se han
implementado reformas tributarias enfocadas en aumentar los ingresos, sin
realizar cambios significativos en la estructura del gasto. Además, dichas
reformas han sido aprobadas utilizando las mayorías legislativas de los
gobiernos de turno, debido a la negativa de la oposición a respaldarlas.
En este contexto, un senador de la oposición ha
sometido diversas iniciativas legislativas que afectarían los ingresos del
Estado. Aunque estas propuestas pueden generar simpatía y aplausos entre
determinados sectores del electorado, su aplicación aislada provocaría una
reducción considerable de los ingresos gubernamentales, aumentando el déficit
fiscal y, en consecuencia, la necesidad de endeudamiento. Esto ampliaría aún
más la brecha fiscal que enfrenta la economía dominicana.
Lo que necesita la República Dominicana no son
medidas aisladas ni propuestas de carácter demagógico orientadas a obtener
beneficios políticos inmediatos, sino una reforma fiscal profunda e integral
que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Actuar de manera
contraria representa una muestra de irresponsabilidad por parte de la clase
política.
A pesar de la necesidad de dicha reforma para corregir el déficit estructural del Gobierno, todo parece indicar que el presidente Luis Abinader dejará esta tarea para la próxima administración. Entre las razones se encuentra la falta de consenso político, ya que la oposición difícilmente respaldaría una reforma de esta naturaleza. Además, la cercanía del período electoral hace que los costos políticos de una reforma fiscal sean elevados en el corto plazo, situación que podría ser aprovechada por los adversarios políticos.
Ante la realidad de un elevado déficit fiscal y
la incapacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos que permitan
reformar el sistema tributario y racionalizar el gasto público, el país corre
el riesgo de continuar dependiendo del endeudamiento como principal mecanismo
de financiamiento. Mantener esta tendencia de manera indefinida podría
comprometer la estabilidad económica y fiscal de la República Dominicana en el
futuro.
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